La Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció que, a partir del 1 de enero de 2024, reasumirá las funciones de autoridad minera que tenía delegadas la Gobernación de Antioquia desde el año 2001. Esta decisión ha generado una fuerte polémica entre el gobierno departamental y el nacional, que tienen visiones encontradas sobre el impacto que tendrá esta medida en el sector minero y en el desarrollo territorial.
La Gobernación de Antioquia ha manifestado su inconformidad con la determinación de la ANM, argumentando que se trata de una medida centralista que les resta autonomía a las regiones y que afectará negativamente la gestión ambiental, social y económica de la actividad minera en el departamento. Tanto el gobernador actual, Aníbal Gaviria, como el electo, Andrés Rendón, han expresado su rechazo a la decisión y han solicitado al Gobierno Nacional que reconsidere su posición.
Por su parte, la ANM ha defendido su decisión como una medida de carácter técnico, basada en los fallos y las sentencias de la Corte Constitucional que establecen que las funciones públicas no se pueden delegar de manera permanente en las entidades territoriales, sino que se requiere una ley orgánica que transfiera dichas funciones.
La ANM argumenta razones técnicas para no extender la delegación minera a la Gobernación de Antioquia
El presidente de la ANM, Álvaro Pardo, ha explicado que las delegaciones mineras se venían otorgando desde el 2013, cuando se creó la agencia, pero que anteriormente lo hacía el Ministerio de Minas y Energía. Por eso, sostiene que ese permiso tenía una vocación de permanencia que iba en contra vía de lo establecido por la Corte.
Según Pardo, la decisión de no prorrogar la delegación minera a Antioquia no implica un desconocimiento del papel del departamento como uno de los principales actores del sector minero en el país, ni una intención de centralizar o despojar al territorio de sus competencias.
Por el contrario, afirma que la ANM tiene un plan para profundizar la articulación con las autoridades locales y regionales, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar el desarrollo sostenible de la minería en Antioquia.
La ANM asegura que esta medida busca mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión minera, así como armonizar los criterios técnicos, jurídicos y ambientales para el otorgamiento y seguimiento de los títulos mineros.
Asimismo, indica que esta decisión no afectará los derechos adquiridos por los titulares mineros ni los procesos administrativos en curso. La entidad señala que seguirá trabajando con la Gobernación de Antioquia y con los demás actores del sector para lograr una transición ordenada y sin traumatismos.
La decisión ha generado diversas reacciones entre los gremios, las organizaciones sociales y los expertos del sector minero. Algunos han respaldado la posición de la Gobernación de Antioquia y han advertido sobre los riesgos que implica perder la delegación minera para el control territorial, la seguridad jurídica y la competitividad del sector. Otros han apoyado la decisión de la ANM y han resaltado las oportunidades que ofrece para mejorar la coordinación entre las entidades nacionales y territoriales, así como para promover una minería más responsable y sostenible.
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