El Tribunal de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú suspendió la sesión del juicio contra el expresidente Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado en 2022, programada para este viernes, y anunció que la próxima audiencia será el martes 11 de marzo.
La jueza Norma Carbajal Chávez expuso que el tribunal esperaba que “la oferta probatoria fuera a ser aún mayor”, pero acabó este mismo jueves, y señaló que no se podía citar a los testigos en la sesión del viernes porque se necesita de un tiempo mínimo.
“Sería inútil citarlos mañana para resolver, cuando la convocatoria de testigos necesita un tiempo mínimo, entonces la siguiente sesión va a ser el día 11 de marzo en este recinto judicial, presencial el 11, 13 y 14 de marzo de 9:00 a 13:00 horas (14:00 a 18:00 GMT)”, dijo la jueza al final de la sesión.
El Poder Judicial precisó en la red social X que el martes 11 de marzo comparecerán los testigos de la Fiscalía, y durante la audiencia, las defensas de varios acusados anunciaron la participación de nuevos testigos en el juicio.
El juicio oral contra Castillo y otros seis acusados del autogolpe de estado fallido del 7 de diciembre de 2022 se instaló el martes, la segunda sesión fue este jueves y estuvo protagonizada por la reticencia del exmandatario de participar en el proceso judicial.
Castillo, que se presentó el martes sin abogado, reiteró que está en la cárcel “injustamente” y que no necesita del servicio de la defensa pública porque su único delito es “defender al pueblo”.
Se refirió a los jueces para expresar que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para ser sometido a un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública.
El presidente de la sala, José Neyra, le explicó que tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante el proceso, pero que era necesario contar con un abogado para cumplir con los requisitos legales de un juicio oral.
Además, le negó el permiso para abandonar la audiencia, como pretendía Castillo, que enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión.
Carbajal ratificó que se ha asignado a Castillo al defensor público Edgar Callahualpa, dado que no ha acreditado a un abogado para el proceso.
A su vez, los abogados de la exprimera ministra Betsy Chávez, del exministro del Interior Willy Huertas y de los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero rechazaron los cargos presentados por la Fiscalía, que los acusa de ser coautores del delito de rebelión.
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EFE