La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su “preocupación” por el debate constitucional chileno en materia de libertad de expresión y regulación de medios de comunicación, según un informe provisional publicado este martes en el marco de su reunión anual en Miami.
Desde la SIP han dado un seguimiento permanente a la discusión política que en Chile está dando forma a la nueva Carta Fundamental que se someterá a plebiscito en septiembre próximo, centrándose de forma particular en los articulados relacionados al derecho a la comunicación y libertad de expresión.
De acuerdo con el organismo, las comisiones de “Derechos Fundamentales” y “Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios”, dos de las siete que componen la estructura de la Convención Constitucional chilena, “aprobaron iniciativas moderadas, alejándose la posibilidad original de consagrar un “derecho a la comunicación”, el que generó amplio debate.
“Preocupan algunas propuestas sobre los órganos de regulación para los medios audiovisuales. Una definición constitucional amplia o ambigua podría abrir camino a una posterior regulación que afecte el contenido de los medios”, señaló la SIP en el documento que espera ser aprobado al término del encuentro anual este jueves.
Si bien aún se encuentra pendiente la aprobación de algunos párrafos e incisos del texto constitucional final, han avanzado artículos que se ajustan, según la SIP, a estándares internacionales.
“Derecho a la libertad de expresión. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. No existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley”, reza el artículo ocho, destacado por la organización.
A su vez, la asociación, que incluye a propietarios, editores y directores de medios de todo el continente americano, puntualizó su inquietud respecto a los cambios constitucionales en cuanto al derecho de propiedad de los medios.
“Es incierto el respeto del derecho de propiedad sobre las concesiones, tal como ahora se entiende. Si se despojara el derecho de propiedad sobre la concesión —tal como plantea la convención—, la radio y la televisión se encontrarán en una situación precaria sobre su protección legal y derechos adquiridos”, aseguró la SIP.
El proceso constituyente fue tomado por las fuerzas políticas como el mejor camino para apaciguar el estallido social de 2019, la ola de protestas más grave desde la vuelta de la democracia. Más de 30 personas fallecieron, miles resultaron heridos y las unidades de seguridad quedaron apuntadas por violar los derechos humanos según diversas organizaciones nacionales e internacionales.
En caso de aprobarse en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, la nueva Constitución sustituiría a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.
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EFE
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