Sean Combs, el icónico magnate de la música conocido mundialmente como Diddy o Puff Daddy, enfrenta una acusación penal federal en la que se le imputan graves cargos de tráfico sexual, crimen organizado, secuestro, sobornos y obstrucción de la justicia. La acusación, de 14 páginas, describe una serie de delitos que, según el gobierno, eran parte de una “empresa criminal” que Combs dirigía como un presunto mafioso.
El núcleo del caso se centra en los llamados “espectáculos de terror”, eventos cuidadosamente organizados por Combs que involucraban drogas, abuso sexual forzado y violencia.
Según la acusación, estos encuentros incluían elaboradas “representaciones sexuales” grabadas en habitaciones de hoteles de lujo en los Estados Unidos. Las víctimas, exhaustas tras los encuentros, recibían tratamientos médicos, como la administración de líquidos intravenosos, para recuperarse. Los fiscales sostienen que Combs utilizaba estas grabaciones para chantajear y silenciar a las víctimas, evitando así que se presentaran quejas formales.
Sean Combs, acusado de tráfico sexual y crimen organizado: Nuevas revelaciones sacuden la industria musical
Uno de los casos clave que se entrelaza con la acusación es la demanda civil presentada por la cantante Cassie, cuyo nombre real es Casandra Ventura. En su demanda, Ventura acusó a Combs de dirigir “fiestas extrañas” en las que ella era forzada a realizar actos sexuales mientras él filmaba. La acusación federal hace referencia a una “Víctima-1”, quien comparte varios elementos con los alegatos presentados por Cassie, aunque no se le menciona explícitamente.
Cassie detalló en su demanda que Combs la obligaba a participar en situaciones degradantes, como cubrirse de aceite en exceso y tocar a prostitutas bajo su dirección. Además, afirmó que Combs ajustaba personalmente las luces y velas para crear lo que describió como un “proyecto de arte personal”, mientras filmaba y se masturbaba.
Defensa y versión de los abogados de Combs
Los abogados de Combs han rechazado rotundamente las acusaciones, presentando una narrativa muy distinta. Durante una audiencia judicial, Marc Agnifilo, abogado del acusado, argumentó que las interacciones entre Combs y Ventura eran encuentros consensuados entre dos personas que mantenían una relación complicada. “¿Todo el mundo tiene experiencias íntimas de esta manera? No. ¿Es tráfico sexual? Tampoco, si ambas partes consienten”, afirmó Agnifilo.
El abogado destacó que, tras entrevistar a varios de los hombres involucrados en los encuentros, ninguno de ellos consideraba que hubieran participado en actos coercitivos ni que se vieran a sí mismos como prostitutas, sino más bien como acompañantes que recibían compensación por su tiempo.
Los fiscales, sin embargo, han argumentado que Combs no actuaba solo. Señalan que contaba con un equipo de facilitadores que gestionaban los encuentros, encontrando prostitutas, asegurando habitaciones de hotel y reparando cualquier daño causado durante los eventos. En ocasiones, según la acusación, las víctimas eran forzadas a permanecer en habitaciones de hotel durante días, mientras se recuperaban de las lesiones sufridas.
La acusación formal no incluye cargos contra estos facilitadores, pero los fiscales sostienen que Combs dirigía esta red con mano de hierro, exigiendo “lealtad absoluta” y recurriendo a la violencia para mantener el control.
Citando la ley anti-extorsión RICO, que tradicionalmente se ha utilizado contra mafiosos y capos de la droga, los fiscales esperan demostrar que Combs utilizaba a sus subordinados para ejecutar sus órdenes y encubrir cualquier evidencia de abuso.
Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, subrayó la gravedad del caso en una conferencia de prensa. “Combs no hizo todo esto por su cuenta. Utilizó su empresa y a su equipo para salirse con la suya”, afirmó Williams.
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