El Senado de México ha dado luz verde a una polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), que introduce cambios significativos en la estructura del Poder Judicial. Entre las medidas aprobadas destacan la elección popular de jueces, la reducción del número de magistrados de la Suprema Corte de Justicia y la creación de “jueces sin rostro” en casos de narcotráfico y violencia.
La reforma, que ha sido criticada tanto por sectores nacionales como internacionales, está prevista para entrar en vigor en junio de 2025, después de su promulgación por el Ejecutivo.
La iniciativa plantea que los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a 1.688 cargos en la Rama Judicial, lo que incluye tanto a los magistrados de la Suprema Corte como a jueces estatales. Según el gobierno de López Obrador, este cambio entregará a los ciudadanos el poder de seleccionar a quienes administren justicia en el país, algo que el presidente considera crucial para combatir la corrupción y el crimen organizado, sectores que ha señalado como beneficiarios del actual sistema judicial.
La elección popular de jueces ya es una realidad en México tras la aprobación de la reforma judicial impulsada por AMLO
A pesar del apoyo que la reforma ha recibido por parte del gobierno, diversos actores dentro y fuera de México han lanzado advertencias sobre los riesgos que implican los cambios. Analistas y juristas temen que la reforma politice el sistema judicial y ponga en peligro la independencia de los jueces, una base esencial de cualquier democracia.
Otra de las preocupaciones gira en torno a la gran cantidad de jueces y magistrados que deberán ser elegidos, lo que complica que los votantes conozcan a profundidad las capacidades y experiencia de cada candidato. Además, se teme que el crimen organizado, con su influencia electoral en muchas regiones de México, pueda interferir en la elección de jueces, lo que incrementaría el control de los carteles sobre el sistema de justicia.
Diversos organismos internacionales han señalado que la reforma podría tener consecuencias económicas negativas. La agencia calificadora Moody’s advirtió que la iniciativa podría erosionar la independencia del Poder Judicial, lo que a su vez afectaría la confianza en la economía mexicana.
El presidente López Obrador, sin embargo, ha defendido la medida y ha negado que esté generando un éxodo de capitales. Citó cifras recientes de inversión extranjera directa que alcanzaron los 30.000 millones de dólares en el primer semestre del año. Aun así, muchos observadores señalan que el impacto real de la reforma se verá a largo plazo, especialmente en el contexto de la futura revisión del T-MEC en 2026.
Esta reforma judicial será uno de los mayores retos para la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1.º de octubre. A medida que se implementen los cambios, Sheinbaum enfrentará el desafío de mantener el equilibrio entre un sistema de justicia más participativo y las demandas de independencia del Poder Judicial.
Lea también: Brasil, Colombia y México insisten en que autoridad electoral venezolana divulgue actas
¡Síguenos en Facebook y Twitter para mantenerte informado con las mejores noticias!
