La tasa de pobreza en Argentina se ubicó en el segundo semestre del año pasado en el 38,1 %, con una fuerte reducción respecto a los dramáticos niveles de la primera mitad de 2024, un descenso que se relaciona con la desaceleración de la inflación.
De acuerdo a un informe difundido este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa que mide el sector de la población que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas de alimentos y servicios retrocedió 14,8 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2024, cuando el índice había saltado al 52,9 %, el nivel más alto desde 2003.
La tasa de pobreza se situó además 3,6 puntos por debajo de la de finales de 2023.
En tanto, el índice de indigencia se ubicó en la segunda mitad del año en el 8,2 %, 9,9 puntos por debajo del semestre anterior y con un descenso de 3,7 puntos en la comparación interanual.
La medición solo tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas, sobre una población total en Argentina de unas 47 millones de personas.
Si se extrapola la tasa de pobreza urbana a toda la población, en Argentina había en el segundo semestre del año pasado 17,9 millones de pobres y 3,8 millones de indigentes.
Impacto de la inflación
En la primera mitad de 2024, el índice de pobreza había trepado a niveles dramáticos no vistos en dos décadas por los efectos del cóctel de ajuste económico de ‘shock’ y elevadísima inflación que caracterizó a los primeros meses del Gobierno de Javier Milei, que llegó a la Presidencia en diciembre de 2023.
La bajada en la tasa de pobreza que calcula el Indec durante el segundo semestre tiene relación directa con el proceso de progresiva desaceleración de la inflación y de relativa recomposición de los ingresos que se dio en la segunda mitad de 2024.
Sucede que el Indec mide la pobreza y la indigencia con base a los ingresos declarados por los hogares que conforman su muestra y si estos alcanzan o no para acceder a la cesta básica de alimentos y servicios, cuyo valor varía cada mes por la inflación.
Debido al severo ajuste fiscal y monetario, la tasa de inflación desaceleró desde un máximo del 289,4 % interanual en abril del año pasado al 117,8 % en diciembre último.
La Presidencia argentina destacó en un comunicado que la “fuerte caída” en los índices de pobreza e indigencia es un “efecto directo de la lucha contra la inflación que ha llevado adelante el presidente Javier Milei, además de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaron el potencial económico de los argentinos”.
De acuerdo al informe del Indec, se observó que, con respecto al semestre anterior, durante la segunda mitad de 2024 el ingreso total familiar aumentó en promedio un 64,5 %, mientras que el valor de la cesta básica alimentaria (CBA) creció un 22,2 % y el valor de la cesta básica total (CBT) de alimentos y servicio se incrementó un 26,7 %.
“Los ingresos en el periodo estudiado aumentaron a un nivel superior tanto con respecto a la CBT como a la CBA. Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre, en relación al semestre anterior”, señaló el Indec.
Cifras alarmantes
Pese a este retroceso, el informe oficial revela datos alarmantes: uno de cada dos niños menores de 14 años son pobres y el 11,5 % en ese grupo de la población ni siquiera cubre sus necesidades diarias de alimentación.
El segundo grupo de mayor vulnerabilidad es el de los jóvenes: el 44,9 % de los argentinos entre 15 y 29 años es pobre y el 10,6 % es indigente.
Hay ciudades del país donde la pobreza está tan extendida que es la condición en la que sobrevive la mayoría de sus habitantes: en Resistencia (norte) la tasa de pobreza alcanza al 60,8 % y en Concordia (noreste), al 57,1 %.
La medición oficial tiene sus limitaciones: no alcanza a toda la población, no incluye gastos de alquiler ni tiene en cuenta gastos específicos de ciertos grupos -como los adultos mayores- o dimensiones que van más allá del ingreso, como el acceso efectivo a agua potable, educación o servicios de salud.
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EFE
