El Gobierno de Perú aprobó un decreto legislativo que modifica el Código Penal e incorpora como agravante el robo de equipos móviles e informáticos, con una pena de entre 12 a 20 años. Si el robo se comete con explosivos o vehículos, la sanción puede llegar a 30 años.
Un vocero oficial aseguró que la medida busca atacar toda la cadena delictiva, desde el que roba hasta el que comercializa el dispositivo. Sin embargo, algunas voces sostienen que la norma no tendría un impacto directo en prevenir este delito.
El robo de celulares es uno de los delitos más frecuentes y denunciados en Perú. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2020 se registraron más de 1,6 millones de robos y hurtos de celulares en todo el país. Además, se estima que cada día se roban unos 4.500 celulares en Perú, lo que genera un mercado ilegal que mueve unos 300 millones de dólares al año.
Perú castiga con hasta 30 años de cárcel el robo de celulares: ¿medida efectiva o desproporcionada?
Ante esta situación, el Gobierno de Perú decidió endurecer las penas por este tipo de delito, al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana.
La norma establece que el robo del “equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar” se condenará con una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.
Además, la pena se incrementará a no menor de 20 ni mayor de 30 años si el robo se comete utilizando material o artefactos explosivos, así como vehículos motorizados.
También se consideran como circunstancias agravantes si el robo causa lesiones a la integridad física o mental de la víctima, si se deja a la víctima o a su familia en grave situación económica, si se abusa de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra esta.
Asimismo, la norma sanciona con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años a quien adquiera, venda o compre los equipos robados. Igualmente, se castiga con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años a quien altere o modifique las características técnicas o funcionales del equipo robado.
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