El Parlamento de Madagascar ha aprobado una ley que endurece las penas para los violadores de menores de edad, incluyendo la castración química o quirúrgica como castigo. La medida ha generado polémica entre los defensores de los derechos humanos, que la consideran una forma de tortura, y las víctimas, que la ven como un disuasivo.
La nueva ley, presentada por el Gobierno y aprobada por la Asamblea Nacional y el Senado la semana pasada, modifica el Código Penal para redefinir el concepto de violación y establecer sanciones más severas en función de la edad de las víctimas. Según la reforma, los violadores de niños menores de 10 años serán condenados a cadena perpetua y castración quirúrgica, mientras que los que abusen de niños entre 10 y 13 años se enfrentarán a 15 o 20 años de trabajos forzados y castración química. Si la víctima tiene entre 13 y 18 años, la pena será de 10 a 20 años de prisión. Los menores de edad que cometan estos delitos no serán castrados.
La polémica ley de castración de Madagascar contra los violadores de niños
La ley, que aún debe ser validada por el Alto Tribunal Constitucional y promulgada por el presidente Andry Rajoelina, busca neutralizar a los depredadores sexuales y proteger a los niños de la violencia sexual, un problema que afecta a cientos de menores cada año en la isla africana. La ministra de Justicia, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, afirmó que el año pasado se registraron 600 casos de violación a menores y que la castración es una medida necesaria para frenar el fenómeno. Además, anunció que se revelará públicamente la identidad de los condenados por estos delitos.
Sin embargo, esta ley ha sido criticada en Madagascar por algunos defensores de los derechos humanos, que la consideran una violación de la Constitución malgache y de los tratados internacionales que prohíben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El director regional de Amnistía Internacional, Tigere Chagutah, dijo que la castración legal es “incompatible” con estas normas y que puede causar “daños graves e irreversibles” a los individuos. El asesor de Amnistía Internacional en Madagascar, Nciko wa Nciko, añadió que la ley no se centra en las víctimas y que puede haber casos de errores judiciales o retractaciones.
Por otro lado, algunas organizaciones de apoyo a las víctimas de violencia sexual han apoyado la ley, argumentando que la castración puede ser un disuasivo para la cultura de la violación que existe en Madagascar, donde muchos casos se resuelven de forma amistosa dentro de la familia. Jessica Lolonirina Nivoseheno, del movimiento Mujeres Rompiendo el Silencio, dijo que la castración puede ayudar a prevenir la reincidencia y a restaurar la dignidad de las víctimas.
La ley de castración de Madagascar es una de las más duras del mundo en materia de violencia sexual contra menores. Otros países que contemplan esta medida son Indonesia, Corea del Sur, Polonia y algunos estados de Estados Unidos, aunque su aplicación es muy limitada y controvertida.
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