La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que los delitos de obstrucción a la justicia son una causa suficiente para deportar a un inmigrante, aunque no exista una investigación judicial en curso sobre el caso.
Así lo ha establecido el tribunal por seis votos a favor y tres en contra en una sentencia que unifica los criterios de los estados sobre este tipo de delitos.
La decisión se basa en dos casos concretos de inmigrantes que tenían permiso para residir legalmente en el país, pero fueron condenados por conductas que se consideran obstrucción a la justicia.
Inmigrantes condenados por obstrucción a la justicia podrán ser deportados según la Corte Suprema
Uno de ellos es Fernando Cordero-Garcia, que intentó disuadir a un testigo de denunciar un robo con violencia. El otro es Jean Francois Pugin, que encubrió a un amigo que había cometido un delito sexual.
Según el juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, estos delitos “se relacionan con la obstrucción de la justicia” y son lo suficientemente graves como para que los inmigrantes puedan ser expulsados, aunque no haya una investigación o procedimiento pendiente.
El juez argumenta que el objetivo de la ley migratoria es proteger al público y prevenir el crimen, y que estos delitos socavan el funcionamiento del sistema judicial.
La jueza Sonia Sotomayor, responsable de los argumentos en contra en la corte, discrepa de esta interpretación y considera que se trata de una ampliación arbitraria y excesiva de las causas de deportación.
La jueza señala que la ley migratoria solo contempla como motivo de expulsión los delitos relacionados con la obstrucción de la justicia que estén tipificados como tales en el código penal federal, y que no es el caso de los delitos por los que fueron condenados los inmigrantes.
La sentencia de la Corte Suprema tiene implicaciones para miles de inmigrantes que podrían enfrentarse a la deportación por haber cometido delitos similares. Además, supone un respaldo a las políticas migratorias del gobierno, que ha endurecido las medidas contra los inmigrantes con antecedentes penales.
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