El asesinato de un agente policial la semana pasada en la periferia de Santiago, abatido de un disparo en la cabeza, reavivó el debate sobre la tenencia de armas en Chile, un tema candente también en Estados Unidos tras los últimos tiroteos que dejaron decenas de víctimas mortales.
El presidente, el progresista Gabriel Boric, anunció durante su primera cuenta pública, el pasado 1 de junio, que buscaría la prohibición total de armas de fuego en manos de civiles, tan solo días después de que en Texas (EE.UU.), una balacera en un colegio dejara 21 personas sin vida, en su mayoría niños.
Mientras el mundo lloraba la tragedia norteamericana, la muerte de dos agentes por heridas de bala en menos de un mes enlutaron a Chile, tan solo semanas después de que fuera asesinada una joven periodista por disparos en el cráneo mientras cubría una manifestación.
“Chile sin armas es un Chile más seguro”, dijo ese día Boric, presentando un programa de “tolerancia cero” a su uso por parte de civiles.
Desde entonces, numerosos alcaldes oficialistas respaldaron su decisión, mientras que desde la ultraderecha y otros bloques independientes libran la batalla contraria.
El Partido de la Gente (PDG) presentó recientemente un proyecto para consagrar en la Constitución el derecho a tener armas y otros grupos conservadores sostienen que la solución no es prohibirlas.
MÁS INSEGURIDAD
Según The Small Arms Survey -reporte del Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra (Suiza)-, en Chile hay alrededor de 2,22 millones de armas, lo que supone 12 por cada 100 habitantes.
La cifra es similar a las 15 armas por centenar de habitantes de la Unión Europea, y dista mucho de las 120 por cada 100 personas de Estados Unidos.
Los expertos coinciden en que, pese a que Chile no es un país especialmente armado, el debate se ha enraizado por un aumento de la sensación de inseguridad, una de las preocupaciones centrales de la población.
Aunque junto a Uruguay, Chile mantiene la tasa de homicidio más baja de la región, en los últimos tres años se ha dado una “drástica” subida de crímenes y uso de armas de fuego, explicó a Efe Alejandra Mohor, académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.
“Episodios de ajustes de cuentas, narcotráfico o asaltos son cada vez más frecuentes, y esto ha abierto un debate que no existía años atrás”, aclaró.
Según datos oficiales, mientras que en 2019 un 43 % de los homicidios fue cometido con arma de fuego, en 2021 fue un 51 %, y la cifra subió al 60 % en lo que va de año.
EL MERCADO DE LAS ARMAS EN CHILE
Jorge Araya, experto en seguridad de la Universidad de Santiago, explicó a Efe que en Chile el mercado de las armas mueve unos 30 millones de dólares al año, pero “no es una industria que tenga capacidad de lobby sobre el sistema político”, como ocurre en Estados Unidos.
Aún así, el académico prevé que el debate va a continuar por “el alza persistente de la inseguridad, el narcotráfico o el sicariato, temas que antes no se veían y que llevan a la derecha a la defensa férrea de armarse”.
En el sector armamentístico insisten en que se trata de un rubro altamente regulado y que cada trámite está rodeado de burocracia: la ley actual exige un curso especializado, informes psicológicos y no tener antecedentes.
“Chile tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo”, señaló a Efe Ennio Mangiola, presidente de la Asociación de Armerías de Chile.
La venta llevaba una década decayendo por los numerosos requisitos, aunque en los últimos dos años, detalló, “se ha registrado un explosivo repunte de armas para defensa personal”.
¿MÁS ARMAS, MÁS VIOLENCIA?
“Estamos frente a un fracaso total del estado en materias de seguridad y la consecuencia natural es que la gente busque como proteger su vida y la de su familia”, expresó a Efe Josefa Rodríguez, directora de la Asociación Chilena de Rifle.
Para la activista y deportista de tiro, el debate no debería estar centrado en su prohibición, sino “en controlar el tráfico de las que ingresan al país de forma ilegal”.
De las 2,2 millones de armas, solo 765.817 están inscritas oficialmente, según datos del Ministerio de Defensa.
Al contrario, Mohor asegura que “es una realidad que cuantas más armas por personas, más violencia se genera” y apunta a un problema de “falta de control institucional”.
“En Chile hay involucramiento de miembros de la fuerzas armadas en sustracción y comercialización de armas -denunció-, además de armas registradas a nombre de personas fallecidas cuyo paradero se desconoce y nulo control de las que entran desde otros países”.
Enjambre sísmico en las cercanías al volcán Chiles en la frontera Ecuador-Colombia
EFE
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