La Presidencia brasileña pidió este lunes a la Justicia que condene al pago de unos 4 millones de dólares de indemnización a los responsables por financiar el transporte de los bolsonaristas que asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero pasado.
La Abogacía General de la Unión (AGU) sugirió este castigo en la petición que presentó este lunes ante un tribunal federal de Brasilia, en el que solicita la apertura de un proceso civil contra los sospechosos.
La petición está dirigida contra tres empresas, una asociación, un sindicato y 54 personas físicas que, según las primeras investigaciones, alquilaron los autobuses que transportaron hasta Brasilia a los bolsonaristas radicales que intentaron forzar un golpe de Estado.
Miles de personas que participaron en los asaltos a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema del 8 de enero llegaron a Brasilia desde diversos puntos del país en autobuses fletados por los acusados.
La AGU, que ya había solicitado a la Justicia que bloqueara los bienes y las cuentas bancarias de los acusados, en lo que fue atendido rápidamente mediante una cautelar, quiere ahora que el mismo tribunal los condene de forma definitiva y los sancione con el pago de la indemnización.
El órgano jurídico dijo haber calculado el valor de la indemnización a partir de los daños que los responsables por cada uno de las edificaciones gubernamentales dijo haber sufrido en los ataques golpistas.
La Abogacía alega en su petición que los acusados financiaron a manifestantes que practicaron actos ilícitos.
«En un régimen democrático, como en el sistema brasileño, la convocatoria y el financiación de un movimiento o manifestación con la intención de tomar el poder está en contra de las costumbres de la democracia y de la buena fe», alegó la AGU en su petición.
De acuerdo con el órgano de la Presidencia, los acusados tenían conciencia de que los manifestantes que movilizaron podían promover actos violentos e ilícitos para forzar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«Eso demuestra una articulación previa al movimiento con finalidad vandálica, en la que la financiación del transporte es un vector primordial para que ganase cuerpo y se materializase en los términos ocurridos», agrega.
Por el asalto a las edificaciones de los tres poderes ya fueron arrestadas unas 1.800 personas, de las que más de un tercio permanece detenida, en su mayoría detenida un día después de los ataques en el campamento montado por los bolsonaristas frente al cuartel del Ejército.
Los incendios forestales crecen 14 % en Brasil en 2022, especialmente en la Amazonía
EFE
#EEUU. trabaja con socios del #GolfoPérsico para crear una flota de barcos no tripulados https://t.co/LFLm8Bul6w
— Somos Fan (@SomosFancom) February 13, 2023
