El aumento alarmante en el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en México es motivo de preocupación y está siendo objeto de estudio por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Según un estudio publicado recientemente, el número de casos de mujeres y menores desaparecidas y no localizadas se ha casi triplicado en seis años, pasando de 1.043 en 2015 a 2.729 en diciembre de 2021. Además, el informe señala que el rango de edad con más casos de desaparición forzada es entre los 15 y 19 años, seguido del de 20 a 25 años.
El estudio, financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, se basó en datos de ocho estados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación y el Informe de Incidencia Delictiva contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, se realizaron entrevistas con organizaciones involucradas en el tema de la desaparición.
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Este aumento en los casos de mujeres desaparecidas está relacionado con otros delitos como el de trata de mujeres y niñas, feminicidio y secuestro. A pesar de que Jalisco es el estado con mayor cantidad de casos de desaparición, las mujeres no localizadas representan solo una de cada diez desapariciones en general. En cambio, en el Estado de México, las 5.722 mujeres no localizadas representan el 44,12 % del total de desapariciones.
Los cinco municipios con más casos de mujeres desaparecidas a finales de 2020 fueron Guadalajara (Jalisco) con 550 casos, Monterrey (Nuevo León) con 478 casos, Zapopan (Jalisco) con 360, Puebla (Puebla) con 355 y Toluca (Estado de México) con 326.
Es necesario tomar medidas urgentes para abordar este problema, incluyendo una mayor protección de las mujeres y niñas, una mayor inversión en recursos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y una mayor cooperación entre las autoridades para combatir la trata de personas y otros delitos relacionados. Además, se necesitan esfuerzos para abordar las causas subyacentes de estos delitos, incluyendo la pobreza, la desigualdad de género y la falta de acceso a la educación y otros servicios básicos. Solo así se podrá garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes en México.
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