La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la adjudicación de un contrato en diciembre de 2022 para la implementación de un sistema de validación en estadios de fútbol.
De acuerdo con el ente acusador, la exministra, quien también es reconocida como medallista olímpica, habría desoído las advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre irregularidades en el trámite precontractual.
A pesar de ello, firmó un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta por un valor de $4.950 millones, omitiendo los estudios de mercado requeridos y sin justificar la contratación directa en lugar de realizar una licitación pública.
Fiscalía acusa a María Isabel Urrutia de falsedad ideológica y corrupción en contrato deportivo
El contrato, gestionado bajo el Decreto 1622 de 2022, tenía como propósito inicial diseñar un sistema que integrara boletos de ingreso a estadios con la identificación de asistentes y verificara antecedentes judiciales para restringir el acceso a personas sancionadas. Sin embargo, según la Fiscalía, el contrato solo incluyó un análisis preliminar para implementar dicho sistema, desviándose del objetivo estipulado.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indicó que María Isabel Urrutia habría direccionado el contrato para beneficiar a una persona específica, condicionando la adjudicación a que los intermediarios subcontrataran a dicha persona. Esta actuación, según el ente acusador, vulnera los principios de transparencia y concurrencia exigidos por la ley.
Además, documentos del contrato firmados por Urrutia contenían información falsa sobre la viabilidad técnica del proyecto y omitieron estudios esenciales para determinar el precio adecuado de las actividades incluidas.
Otro de los hallazgos relevantes es que varios funcionarios cuyos avales figuraban en el expediente no participaron en la elaboración de los estudios técnicos. Este hecho refuerza la presunción de falsedad ideológica, una de las acusaciones principales contra la exministra.
La Fiscalía señaló que estas irregularidades fueron determinantes para ejecutar un proceso viciado desde su inicio. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de formulación de cargos y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de la exfuncionaria en los hechos denunciados.
La audiencia continuará en las próximas semanas, mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de más pruebas que permitan esclarecer el destino de los recursos y las acciones de los implicados.
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