En un movimiento que amplía el alcance del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corte Suprema de Justicia realizó una inspección en el Ministerio de Hacienda desde el pasado martes 10 de diciembre.
Durante la diligencia, los funcionarios del alto tribunal requisaron las oficinas de enlace con el Congreso y se llevaron el computador de una de las principales asesoras, buscando evidencia clave que podría comprometer tanto al actual como a anteriores gobiernos.
La inspección es parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la entrega de contratos a congresistas, en lo que parece ser un esquema de intercambio de favores para avalar operaciones de crédito. Este escándalo ya cobró la salida de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, quien ha sido señalado por testigos de ejercer presión indebida para asegurar la aprobación de estos acuerdos.
Corte Suprema incauta pruebas en el Ministerio de Hacienda por caso UNGRD
El testimonio más comprometedor proviene de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio, quien declaró ante la Fiscalía que Bonilla utilizó su posición para concretar estas operaciones.
A su declaración se suman conversaciones de chat presentadas como evidencia, en las que Jaime Ramírez Cobo, enlace de la Presidencia, habría coordinado con otros funcionarios, incluyendo al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y Sneyder Pinilla, en la ejecución de los contratos. Tanto López como Pinilla ya confesaron su participación en estos actos ilícitos.
Ante la creciente presión, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado la mañana del 11 de diciembre, confirmando la inspección de la Corte Suprema y asegurando plena colaboración.
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