La Juez 72 de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), y Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del exdirector Olmedo López.
Los exfuncionarios son acusados de formar parte de una red criminal que, según la Fiscalía, habría comprometido millonarios contratos destinados a la atención de desastres en Colombia.
La juez argumentó que la detención domiciliaria no era suficiente para garantizar que los imputados no obstruyeran la justicia ni representaran un peligro para la comunidad. “La permanencia en su domicilio no garantiza que el señor Luis Carlos Barreto no pueda obstruir la justicia”, afirmó la magistrada, extendiendo la misma lógica a Rodríguez Melo.
Justicia envía a prisión a exdirectivos de la UNGRD por contratos fraudulentos
Ambos exfuncionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
Las acusaciones se centran en su participación en una presunta “empresa criminal” que, según las investigaciones, estaba liderada por los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes habrían gestionado la apropiación de millonarios recursos públicos.
La Fiscalía ha señalado que Luis Carlos Barreto habría direccionado contratos por un valor cercano a los $94 mil millones de pesos, de los cuales se apropió de $12.065 millones, beneficiando a terceros. Estos fondos que eran de la UNGRD habrían sido desviados de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras.
Por su parte, Pedro Rodríguez Melo, conocido como la “mano derecha” de Olmedo López, fue vinculado a la apropiación de $1.000 millones de pesos en relación con un contrato para la provisión de carrotanques destinados a La Guajira, que según la investigación tuvo un sobrecosto de $14.163 millones de pesos. Dicho contrato, que ascendía a $46.800 millones, fue gestionado a través de empresas fachada y aún no se ha ejecutado en su totalidad, ya que los carrotanques siguen varados.
Rodríguez Melo solicitó seguir el proceso judicial bajo detención domiciliaria, alegando razones familiares. Sin embargo, la juez consideró que no se acreditaron las pruebas necesarias para justificar esta medida, por lo que será trasladado a un centro penitenciario bajo la administración del Inpec. Ante la negativa, su abogado apeló la decisión, lo que deja la resolución en manos de una instancia superior.
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