El futuro del actual ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, está en manos del Consejo de Estado. Una demanda que cuestiona su nombramiento ha escalado a esta instancia, poniendo en duda su continuidad en un cargo clave para el gobierno de Gustavo Petro.
La demanda, presentada inicialmente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue rechazada. Sin embargo, una apelación llevó el caso al alto tribunal, que ahora deberá decidir si el canciller podrá mantenerse en el puesto.
¿De qué se trata la demanda contra Luis Gilberto Murillo?
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Luis Ángel Hincapié Betancour, quien señala que Murillo habría sido condenado en 1997 por el Tribunal de Quibdó por el delito de peculado por apropiación diferente. Este caso estaría relacionado con la desviación de fondos estatales hacia fines distintos a los establecidos en el presupuesto.
Pese a este antecedente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó inicialmente la demanda y negó la solicitud de nulidad del nombramiento de Luis Gilberto Murillo. No obstante, el demandante decidió apelar, lo que llevó el proceso hasta el Consejo de Estado, la máxima autoridad en lo contencioso administrativo del país.
El Consejo de Estado admite la apelación
El Consejo de Estado explicó en un auto oficial que la apelación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 292 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Por ello, se decidió admitir el recurso y avanzar en el análisis del caso.
En esta etapa del proceso, las partes involucradas tendrán tres días para presentar sus alegatos finales por escrito, mientras que la Procuraduría contará con cinco días para emitir su concepto sobre la situación. Tras esto, el Consejo de Estado emitirá su fallo definitivo.
Argumentos a favor y en contra del canciller Murillo
En un primer fallo, el magistrado Luis Norberto Carreño del Tribunal de Cundinamarca consideró que los señalamientos contra Luis Gilberto Murillo no eran suficientes para suspenderlo de su cargo. Entre los argumentos expuestos, el tribunal destacó:
- No se evidenciaron riesgos inminentes para el proceso administrativo.
- La continuidad de Murillo en la Cancillería no representaba un peligro ni vulneración significativa.
Sin embargo, el demandante insiste en que la sentencia del año 1997 debería ser motivo suficiente para invalidar su nombramiento, lo que ahora deberá ser evaluado por el Consejo de Estado.
El nombramiento de Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores es estratégico para el gobierno de Gustavo Petro, dado el rol que desempeña la Cancillería en las relaciones internacionales de Colombia.
Una decisión en su contra no solo supondría un golpe político para el presidente, sino que también obligaría al gobierno a buscar un reemplazo en un momento clave para la diplomacia del país.
Por otro lado, este proceso pone en debate la transparencia en los nombramientos de altos funcionarios y las implicaciones de antecedentes judiciales en cargos de máxima relevancia.
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