En el Consejo de Ministros televisado del 3 de marzo, Gloria Miranda Espitia, directora de la Oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos, captó la atención al presentar los detalles del nuevo plan para la erradicación de cultivos en el Catatumbo.
Su intervención de casi seis minutos generó reacciones en redes sociales, donde los comentarios oscilaron entre elogios a su explicación y memes sobre su atractivo.
Miranda, historiadora de profesión, asumió el cargo en mayo de 2024 en la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Durante su intervención, detalló las medidas con las que el Gobierno busca frenar la economía ilegal en una de las regiones con mayor presencia de cultivos de uso ilícito.
Entre las acciones propuestas, resalta un incentivo económico para los campesinos que erradiquen voluntariamente. El programa contempla un pago mensual de $1.280.000, equivalente al 90% de un salario mínimo legal vigente, durante un año.
El plan de sustitución de cultivos en el Catatumbo: así lo explicó Gloria Miranda
El Catatumbo es una de las zonas más afectadas por la presencia de cultivos ilícitos. Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, en 2024 la región cuenta con 43.000 hectáreas sembradas.
Sin embargo, informes recientes de la Policía Nacional indican que la cifra ha aumentado a 53.000 hectáreas. Los municipios más afectados son Tibú, con el 52% de las hectáreas cultivadas, seguido por El Tarra (6.800 hectáreas) y Sardinata (4.300 hectáreas).
El presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de un “pacto social por el Catatumbo” como parte de su estrategia para abordar la crisis. El plan de sustitución presentado por Miranda se alinea con ese objetivo y busca ofrecer alternativas económicas a las comunidades campesinas.
La propuesta también responde a las críticas sobre la militarización de la región. En lugar de centrarse exclusivamente en operativos de erradicación forzada, el Gobierno pretende ofrecer incentivos financieros que permitan a las familias desvincularse de las economías ilegales de manera gradual.
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