La implementación del nuevo modelo pensional en Colombia ha generado preocupación en la Procuraduría General de la Nación, la cual ha solicitado a la Superintendencia Financiera y otros actores del sistema tomar medidas inmediatas para garantizar la viabilidad del sistema y proteger los derechos de los afiliados.
La Procuraduría ha requerido información específica sobre las acciones emprendidas y el cronograma de actividades de la Superintendencia Financiera para mitigar los riesgos operativos de Colpensiones, la administradora de pensiones. Según la delegada de Asuntos del Trabajo, la falta de inspección, vigilancia y control adecuados podría comprometer los recursos del sistema y los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia.
En su comunicación, la Procuraduría destacó las deficiencias de Colpensiones, señalando que “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y actualmente presenta numerosas fallas tecnológicas”. Además, la entidad ha incumplido en los términos legales para decisiones sobre prestaciones económicas, afectando a aproximadamente 6 millones de afiliados.
Con la nueva ley, Colpensiones deberá gestionar un incremento de 19 millones de afiliados, lo que ha llevado al Ministerio Público a instar a la Superintendencia Financiera a tomar todas las medidas necesarias para garantizar una adecuada administración del sistema pensional. La falta de capacidad técnica, logística, administrativa y operativa de Colpensiones es un tema crítico que debe ser abordado antes de que la entidad asuma nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
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EFE
