La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra varios funcionarios de alto nivel y congresistas por su presunta implicación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre los investigados se encuentran el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector de la UNGRD, Carlos González; y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero. A ellos se suman los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Astrith Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Germán Rogelio Rozo.
Las acusaciones giran en torno a una supuesta trama corrupta que habría facilitado la adjudicación de contratos a cambio de votos favorables en proyectos de ley y reformas gubernamentales. La Procuraduría busca determinar la responsabilidad individual de estos funcionarios y si sus acciones constituyen faltas disciplinarias.
Procuraduría Indaga a Ricardo Bonilla y Luis F. Velasco por Fraude Millonario en la UNGRD
Además, la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz también ha sido vinculada en una investigación separada relacionada con la recepción de dinero por un contrato para la compra de carrotanques.
Este escándalo salió a la luz a mediados de junio cuando la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instando a investigar la posible implicación de los nueve congresistas mencionados. La Fiscalía también investiga a Olmedo López y Sneyder Pinilla por contratos que superan los $228.844 millones, sospechosos de haber sido distribuidos en una presunta red de corrupción que involucra tanto al Congreso como a varios entes gubernamentales.
La Procuraduría examinará detalladamente la participación de cada uno de los implicados en la adjudicación de contratos y buscará establecer si existen causales de exclusión de responsabilidad en sus conductas. Este proceso se desarrollará en paralelo a las investigaciones penales llevadas a cabo por la Fiscalía.
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