El presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el Cesar. Esta medida, oficializada mediante el decreto 0062 del 24 de enero de 2025, busca responder a una grave crisis humanitaria y de seguridad provocada por el aumento de la violencia y la escalada de conflictos armados en estas zonas.
La decisión, amparada en el artículo 213 de la Constitución Política, permite al Gobierno tomar medidas excepcionales para restablecer el orden y proteger los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Razones detrás de la conmoción interior
La región del Catatumbo ha sido el epicentro de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC. Según el decreto, esta situación ha generado múltiples consecuencias, entre ellas:
- Aumento de la violencia: Desde el 16 de enero de 2025, se han registrado 381 homicidios, incluyendo cinco firmantes del acuerdo de paz.
- Crisis humanitaria: Más de 36,000 personas han sido desplazadas forzadamente, de las cuales 16,482 se encuentran en refugios. Además, miles permanecen confinadas en municipios como Tibú, Teorama y San Calixto.
- Impacto en servicios esenciales: La prestación de servicios como agua, energía y gas se ha visto interrumpida, agravando las condiciones de vida de la población afectada.
El informe también detalla un flujo migratorio hacia Venezuela, alcanzando hasta 700 personas diarias en los días de mayor crisis.
Facultades del Gobierno bajo la conmoción interior
Con esta declaratoria, el Gobierno adquiere poderes especiales para emitir decretos legislativos que permitan abordar de manera efectiva la crisis. Entre las medidas contempladas se encuentra la suspensión de leyes incompatibles con el estado de excepción, así como la priorización de acciones para:
- Garantizar la seguridad de la población civil.
- Mejorar la atención humanitaria en refugios y albergues.
- Fortalecer las capacidades institucionales en los municipios más afectados.
El decreto también destaca los esfuerzos del Gobierno en el marco de su política de Paz Total, promoviendo programas de sustitución de cultivos ilícitos y actividades económicas legales para reducir la dependencia de las economías ilegales que alimentan el conflicto.
El Catatumbo, una región en crisis
La región del Catatumbo, con su compleja geografía y alta concentración de cultivos ilícitos, se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados. Según datos oficiales, los municipios de Tibú y Sardinata concentran el 63.3 % de los cultivos de coca en Norte de Santander. Este factor, combinado con la falta de institucionalidad y la presencia de economías ilegales, ha contribuido al deterioro de la seguridad en la zona.
El decreto también subraya que los ataques del ELN han aumentado significativamente, afectando tanto a civiles como a firmantes del acuerdo de paz. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre y temor, especialmente para poblaciones vulnerables como los indígenas Barí, líderes sociales y campesinos.
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