El presidente Gustavo Petro ha firmado un nuevo decreto que marca el fin del estado de conmoción interior en el Catatumbo y algunos municipios del Cesar, decretado a inicios de 2025 por la crítica situación de orden público. No obstante, el mandatario decidió prorrogar por 90 días la vigencia de 11 decretos legislativos clave emitidos durante la emergencia.
“Levántese el Estado de Conmoción Interior declarado por medio del Decreto 0062 de 24 de enero de 2025 a partir del día 24 de abril de 2025. Prorróguese por noventa (90) días calendario, a partir del 24 de abril de 2025, la vigencia de los Decretos Legislativos 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 de 2025”, se lee en el documento firmado por el jefe de Estado.
Entre las medidas prorrogadas se destaca el decreto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que establece el pago mensual de 1.280.000 pesos durante un año a campesinos comprometidos con la erradicación de cultivos ilegales. Esta medida busca erradicar 25.000 hectáreas y mantener la certificación antidrogas exigida por Estados Unidos.
Decretos prorrogados más relevantes:
Decreto 107: Fomenta la producción agropecuaria y asegura el abastecimiento alimentario.
Decreto 108: Protege tierras rurales para evitar el acaparamiento y apoyar a desplazados y campesinos.
Decreto 117: Brinda respaldo al sector turístico afectado por la violencia.
Decreto 118: Nombra un comandante militar con control operacional sobre la Policía y el Ejército.
Decreto 121: Asegura acceso a agua potable, saneamiento básico y vivienda en zonas vulnerables.
Decreto 134: Limita el uso de químicos controlados para evitar su uso en actividades ilícitas.
Decreto 137: Crea medidas especiales de protección a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Decreto 180: Refuerza el programa de sustitución de cultivos y fomenta la economía legal.
Decreto 433: Involucra a las Defensorías de Familia en territorios fuertemente golpeados por el conflicto armado.
Las medidas continúan aplicándose en los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, así como en los resguardos indígenas Motilón Barí y La Gabarra, y en el área metropolitana de Cúcuta, además de dos municipios del sur del Cesar.
Con esta decisión, el Gobierno busca garantizar la continuidad de políticas sociales, económicas y de seguridad, mientras se avanza en el proceso de estabilización y paz en esta región históricamente golpeada por el conflicto armado y el narcotráfico.
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