La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y otros funcionarios del gobierno de Gustavo Petro – debido a la detección de pagos duplicados a más de 180.000 empleados públicos en noviembre de 2023. Este error administrativo ha resultado en un desfalco de 1.624 millones de pesos para la nación.
El incidente salió a la luz cuando el mismo ministro Bonilla, en una rueda de prensa el 24 de noviembre de 2023, admitió que se habían realizado pagos adicionales de manera errónea a través del Sistema Integrado de Información Financiera.
Este sistema, que es crucial para la gestión financiera del país, permitió que se emitieran pagos por más de 665 mil millones de pesos a funcionarios que ya habían recibido su sueldo, generando un serio desfalco en las arcas públicas.
Pagos Dobles a Funcionarios Desatan Investigación Contra el Ministerio de Hacienda
Ante ello, la Contraloría General, actuando de oficio, inició una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias y determinar los responsables de este grave error.
Según los datos proporcionados, estos pagos indebidos afectaron a 180.715 empleados de 74 entidades públicas diferentes. A pesar de que una gran parte del dinero ha sido recuperada, quedando un saldo de 1.624.181.986 pesos por recuperar, aún persisten desafíos, especialmente porque algunos de los beneficiarios se encuentran en situaciones complicadas como retiro, inactividad o fallecimiento.
El Ministerio de Hacienda ha afirmado que está trabajando para recuperar la totalidad del dinero, aunque reconoce que será difícil recuperar ciertos montos debido a diversas circunstancias que complican el proceso. Entre los pagos duplicados se encuentran aquellos realizados a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y al Comando General del Ejército.
En respuesta a esta situación, la Contraloría ha implicado no solo al ministro Bonilla, sino también al viceministro general Diego Alejandro Guevara Castañeda y otros cinco funcionarios del Ministerio de Hacienda. Además, se han involucrado a cuatro compañías aseguradoras como terceros responsables para asegurar la devolución del dinero desviado.
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