El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció este lunes un millonario contrato entre el Gobierno nacional y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), justo antes de la masiva movilización indígena prevista para el 1 de mayo en Bogotá.
Según Briceño, la Onic ha recibido cerca de 10.000 millones de pesos en contratos firmados con el Ministerio del Interior. El objeto de estos contratos sería “aunar esfuerzos para fortalecer la mesa permanente de concertación con pueblos indígenas”, con pagos programados entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
La Onic ha estado muy activa en redes sociales, llamando a los pueblos indígenas de todo el país —desde la Amazonía, los Llanos Orientales, el Caribe, hasta Antioquia— a sumarse a la denominada Gran Minga Nacional Indígena 2025, en respaldo a la consulta popular que promueve el presidente Gustavo Petro.
El jefe de Estado busca reunir millones de personas en las calles para defender las reformas sociales impulsadas por su gobierno y en particular, la propuesta de consulta popular que refrendaría la reforma laboral rechazada en el Congreso.
“El 1 de mayo, en Día del Trabajo, invito a duplicar las marchas de la vez pasada en todo el país. Queremos que el pueblo defienda esta consulta popular con contundencia y en paz”, señaló Petro.
La polémica surge porque muchos ven en estos millonarios contratos una estrategia política para asegurar la movilización masiva, utilizando recursos públicos para incentivar la participación.
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