La Fiscalía General de la Nación comenzó una serie de exhumaciones en Silvania, Cundinamarca, tras recibir testimonios que señalan al exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera en la desaparición de cuatro campesinos en octubre de 2002.
Las labores se realizan en una finca que habría servido como punto de enterramiento clandestino de víctimas de las Autodefensas Campesinas del Casanare.
El operativo judicial responde a una sentencia del Juzgado Cuarto Penal Especializado de Fusagasugá. En este fallo se condenó a 22 años y seis meses de prisión al exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez, quien mencionó directamente a Herrera como parte de los hechos. Otros dos exparamilitares corroboraron la versión.
Fiscalía investiga a Lucho Herrera tras hallazgos sobre posible fosa común en Silvania
Según uno de los testimonios, Herrera habría entregado sobres con fotografías de las víctimas, señalándolas como presuntos milicianos y ofreciendo dinero para “recogerlas”. Sin embargo, los mismos exparamilitares aseguraron que los campesinos no tenían vínculos con la guerrilla.
Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.
Todos vivían cerca de la finca de Herrera. Los testigos afirman que los hombres desaparecidos habrían sido asesinados por negarse a vender sus tierras, las cuales colindaban con la propiedad del exciclista.
El fallo judicial detalla que los responsables se habrían hecho pasar por agentes del DAS. Luego de detener a los campesinos, los asesinaron, desmembraron y enterraron en una fosa común aún no localizada por las autoridades.
Las declaraciones provienen de exparamilitares como Luis Fernando Gómez Flórez, alias “Montana”, Héctor Díaz Gaitán, alias “Camargo”, y Óscar Huertas Sarmiento, alias “Menudencias”. Todos aceptaron cargos en procesos previos y accedieron a sentencias anticipadas.
En respuesta, Herrera negó de manera categórica cualquier vínculo con los hechos. A través de un comunicado, afirmó que las acusaciones provienen de personas condenadas por delitos graves y que buscan beneficios judiciales. Aseguró que nunca ha pertenecido a estructuras criminales y expresó su voluntad de colaborar con la justicia.
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