El aumento de la violencia en Colombia ha sido un tema recurrente en los últimos años. Sin embargo, durante los dos años del Gobierno de Gustavo Petro, la situación ha tomado un giro alarmante. Los grupos criminales han aumentado su presencia y poder, creando un escenario desolador para 2025.
Fortalecimiento de las estructuras criminales
Las cifras oficiales muestran un crecimiento significativo en las filas de los principales grupos armados. El Clan del Golfo, por ejemplo, casi duplicó su tamaño, pasando de 4,000 miembros en 2019 a 9,000 en 2024. De igual forma, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aumentó de 3,000 a 4,500 integrantes, mientras que las disidencias de las Farc sumaron más de 4,000 combatientes.
La expansión de estos grupos se ha visto facilitada por diversos factores, entre ellos el cese de hostilidades autorizado por el presidente, el narcotráfico, la minería ilegal, y otras actividades delictivas.
Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, ha liderado la expansión del Clan del Golfo a nuevas regiones, extendiendo su influencia a departamentos como Meta, Santander, Valle del Cauca, y más. Por su parte, Antonio García ha guiado al ELN en un avance estratégico hacia la región del Pacífico, donde han intensificado su control sobre el narcotráfico.
Las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de figuras como Iván Mordisco y alias Calarcá, también han expandido su influencia, especialmente en el Cauca, Valle del Cauca, y Nariño. Estas áreas, ricas en cultivos ilícitos y rutas estratégicas para el narcotráfico, son ahora escenarios de violentas disputas territoriales.
Las Fuerzas Militares de Colombia proyectan un aumento en las confrontaciones entre estos grupos armados en 2025. La lucha por el control territorial y de las economías ilícitas promete intensificarse, con las comunidades locales atrapadas en medio del conflicto.
Los esfuerzos del Gobierno para alcanzar una paz total no han producido los resultados esperados. En lugar de ello, los grupos armados parecen estar consolidando su poder, desafiando la autoridad estatal y aumentando la presión sobre las poblaciones más vulnerables.
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