La Procuraduría General de la Nación ha solicitado la apertura de un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Esta medida se toma debido al incumplimiento de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenaba la designación de seis expertos en asuntos energéticos para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
La controversia se centra en el mandato judicial emitido el 25 de enero de 2024, confirmado el 2 de mayo por la sección quinta del Consejo de Estado, que establecía un plazo de 30 días para que el presidente Petro designara a los expertos.
A pesar de que el plazo venció el 20 de junio de 2024, la Procuraduría señala que solo dos de los seis cargos han sido ocupados permanentemente, mientras que dos puestos siguen vacantes y otros dos están ocupados de manera temporal.
Incidente de Desacato: Procuraduría va contra presidente Petro y Ministro de Minas por la Creg
“No se evidencian gestiones por parte de la cartera ministerial de Minas y Energía, ni por la presidencia de la República para la provisión de los cargos en propiedad que se encuentran siendo desempeñados en encargo”, indica el documento emitido por la Procuraduría.
La sentencia exigía el nombramiento de seis expertos con dedicación exclusiva para la Creg por un período de cuatro años. Sin embargo, la falta de cumplimiento ha llevado a la Procuraduría a actuar y solicitar la intervención del Tribunal Superior de Bogotá para que abra un incidente de desacato contra el presidente y el ministro de Minas y Energía.
El decreto 2591 de 1991, que regula la acción constitucional de tutela, establece que la sanción por el incumplimiento de una orden judicial puede incluir el arresto. Sin embargo, en el caso del presidente Petro, se considera que no puede ser arrestado por una autoridad diferente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Para el ministro Camacho, la situación es distinta, ya que sí podría enfrentar un arresto por desacato a la decisión judicial del Consejo de Estado. No obstante, tanto el presidente como el ministro tendrían la posibilidad de evitar cualquier sanción cumpliendo con los nombramientos ordenados.
La Procuraduría ha asegurado que, a pesar del plazo vencido, solo recibió una respuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la cual se indicaba que no tienen competencia para pronunciarse al respecto.
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