La Fiscalía General de la Nación intensificó las investigaciones en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ahora centra su atención en Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El ente acusador está rastreando sus cuentas bancarias, movimientos financieros, registros migratorios y llamadas telefónicas, con el fin de establecer su posible participación en el entramado de corrupción que salpica a altos funcionarios del Gobierno.
Evidencias clave en la investigación
Las pruebas recolectadas por el grupo de tareas especiales de la Fiscalía incluyen:
- Movimientos bancarios sospechosos vinculados a la presunta entrega de millonarios contratos.
- Registros de llamadas y ubicación de teléfonos celulares que podrían confirmar reuniones estratégicas.
- Declaraciones de testigos clave, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD.
Según las declaraciones, González habría tenido reuniones en septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño, donde presuntamente ordenó la entrega de $70.000 millones en contratos para beneficiar a Iván Name ($60.000 millones) y Andrés Calle ($10.000 millones).
Sandra Ortiz también en la mira de la Fiscalía
Junto con Carlos Ramón González, la Fiscalía también sigue el rastro financiero de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien será formalmente acusada el próximo 10 de abril por su presunta participación en la entrega de millonarios sobornos.
Las investigaciones revelaron que Ortiz se hospedó en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde se habría reunido con Sneyder Pinilla para recibir $3.000 millones destinados a Iván Name, con el objetivo de favorecer la agenda legislativa del Gobierno.
Actualmente, la exconsejera se encuentra detenida en una guarnición militar, mientras avanza el proceso en su contra.
Lo que sigue en el proceso
Las autoridades continúan recopilando más pruebas para definir la eventual imputación de cargos contra Carlos Ramón González, en lo que ya se considera uno de los mayores escándalos de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.
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