La propuesta de un nuevo impuesto a la seguridad en Antioquia, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, enfrenta fuertes resistencias. Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que no es afín al proyecto. Este impuesto, que busca recaudar 1,2 billones de pesos entre 2025 y 2027 a través de las facturas de energía de EPM, ha desatado un debate político y gremial en la región.
¿De qué se trata el impuesto?
El gravamen, radicado ante la Asamblea de Antioquia, está diseñado para ser cobrado exclusivamente a los hogares de estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comerciales e industriales. Según la propuesta, los estratos 1, 2 y 3 no se verían afectados. Los recursos serían destinados a financiar estrategias de seguridad y convivencia en el departamento.
Sin embargo, el rechazo ha sido inmediato desde varios frentes. Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia, entre otras organizaciones, han manifestado su inconformidad, argumentando que el impuesto agravaría la ya difícil situación económica de los antioqueños. Además, señalan que la región enfrenta riesgos de déficit energético en 2024, lo que podría disparar las tarifas de energía en un 30 %, sumando aún más presión a los contribuyentes.
Postura del alcalde de Medellín y el impacto político de nuevo impuesto en los servicios públicos
El alcalde Gutiérrez, quien también preside la junta directiva de EPM, tendría una influencia determinante en el debate, ya que su partido, Creemos, cuenta con cinco diputados en la Asamblea. Si Gutiérrez confirma su rechazo, esto podría inclinar la balanza en contra del proyecto de ordenanza, que necesita el aval de los diputados para ser aprobado.
Sin embargo, el alcalde ha confirmado que ya habló con el Gobernador y que también se ha puesto en la labor de presentar opciones para no tener que hacer uso de tal impuesto, pues considera que no se lo merecen los ciudadanos. De hecho, ha aclarado que no hay ninguna división entre ellos, pues desde el respeto se pueden tener diferencias aunque sean afines en sus políticas.
El proyecto se encuentra en manos de la Asamblea de Antioquia, donde se espera que los diputados debatan y decidan en los próximos días acerca de ese nuevo tributo.
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