El Gobierno Nacional expidió el decreto 0391 de 2025, que obliga a las universidades públicas a eliminar progresivamente los contratos temporales y a término fijo en su planta docente y administrativa.
La norma establece que todas las instituciones de educación superior de carácter público deben implementar un Plan de Formalización Laboral con el objetivo de garantizar estabilidad y mejores condiciones a sus trabajadores.
La medida busca que, en un plazo máximo de tres años, el 80 % del personal esté vinculado bajo contratos de planta. Para ello, las universidades deberán presentar planes estratégicos de formalización antes de abril de 2026, con una ejecución que avance al menos en un 40 % para diciembre del mismo año.
La vinculación del personal se realizará mediante concursos de mérito y con la participación obligatoria de los sindicatos en el proceso.
Gobierno elimina contratos temporales en universidades públicas: docentes deberán ser de planta
El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que esta decisión responde a reclamos históricos del sector: “No se puede hablar de calidad en la educación pública sin garantizar condiciones laborales dignas a quienes la sostienen”.
Las universidades públicas han dependido de contratos temporales para reducir costos, lo que ha generado precarización laboral en docentes con posgrados y alta carga académica.
De hecho, el nuevo decreto, según el gobierno de Gustavo Petro busca acabar con esta práctica y asegurar igualdad en condiciones salariales, ascensos y bonificaciones.
Sin embargo, la medida enfrenta retos financieros. Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), el déficit presupuestal del sector supera los $4 billones, lo que dificultaría la contratación masiva de docentes de planta.
Reforma laboral en universidades: Gobierno obliga a formalizar contratos temporales
Expertos advierten que la falta de recursos adicionales podría generar tensiones en las finanzas de las instituciones y afectar su funcionamiento.
El decreto tampoco establece nuevas fuentes de financiación, lo que deja en manos de las universidades la responsabilidad de costear la formalización con sus actuales recursos.
Instituciones como la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional han expresado preocupaciones sobre la viabilidad de la medida sin un aumento en los presupuestos asignados por el Gobierno.
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