En una controvertida decisión, el Gobierno de Colombia, mediante un decreto fechado el 30 de agosto, ha nombrado como gestores de paz a cuatro miembros de las disidencias de las FARC, capturados en julio en Medellín mientras utilizaban vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Esta medida permitirá que los disidentes detenidos, entre los que se encuentra Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Firu’, un cabecilla de la estructura 36, salgan de la cárcel.
El anuncio llega en un momento crítico para el proceso de paz, ya que las capturas se produjeron durante un retén en el que los disidentes fueron sorprendidos en vehículos oficiales, a pesar de tener órdenes de captura vigentes. La normativa actual prohíbe el uso de estos medios de transporte para personas buscadas por la justicia, lo que generó una crisis en el proceso de diálogos con la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC, conocido también como Estado Mayor de los Bloques (EMB).
Gobierno nombra gestores de paz a cuatro disidentes de las FARC detenidos en retén de Medellín
Además de ‘Firu’, los otros tres disidentes nombrados como gestores de paz son Wenser Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla del Frente Raúl Reyes; María Alejandra Ojeda Londoño; y Omar Delgado Novoa, conocido como Boyaco o Hermes. Según el decreto, estos individuos deberán contribuir al proceso de paz mediante la estructuración de acuerdos y acciones humanitarias con el Estado Mayor Central de las FARC-EP.
El decreto establece que, para cumplir con sus nuevas funciones, los gestores de paz recibirán medidas que facilitarán su labor, incluyendo la suspensión de las medidas judiciales en su contra, en concordancia con el Decreto 1175 de 2016.
No obstante, la designación no implica una absolución judicial, ya que los nombrados deberán comparecer ante las autoridades judiciales cada vez que sean requeridos, y deberán presentar informes mensuales sobre sus actividades al Consejero Comisionado de Paz.
Este nombramiento responde a demandas realizadas por la disidencia de las FARC, encabezada por Calarcá Córdoba, quien había solicitado resolver la situación jurídica de estos cuatro individuos en una reunión extraordinaria celebrada en Cúcuta del 7 al 9 de agosto.
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