La intervención de infraestructura educativa más ambiciosa en Medellín, con una inversión de $347,929 millones, se ha convertido en un dolor de cabeza para la nueva dirección de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). A finales de 2023, de las 180 obras programadas, ninguna fue entregada a satisfacción. La nueva administración enfrenta múltiples retrasos y problemas contractuales mientras intenta solucionar la crisis.
Retrasos y Problemas Contractuales
El caos administrativo en la EDU salió a la luz con el cambio de gobierno. De las 411 sedes educativas incluidas en el programa, solo 62 han sido completadas tras el lanzamiento de un plan de contingencia. Las demoras son especialmente graves en la comuna 8 (Villa Hermosa) y en los corregimientos de San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista.
La crisis de infraestructura se hizo evidente en 2022, cuando, tras la pandemia, se reportaron serias deficiencias en techos, paredes y otras estructuras. Un diagnóstico de la Secretaría de Educación reveló que el 95% de los colegios tenía problemas que no podían ser resueltos por falta de presupuesto.
Planes de Rehabilitación y Problemas de Ejecución
En respuesta a las denuncias, el Concejo de Medellín aprobó el 19 de agosto de 2022 un presupuesto de $319,047 millones para vigencias futuras, con recursos adicionales de $17,754 millones y $11,126 millones. Los planes incluían mantenimientos generales para 398 colegios, mantenimientos integrales para 38 y reconstrucción de 5.
Sin embargo, la ejecución del proyecto se vio empañada por irregularidades. La EDU entregó contratos a dedo utilizando un nuevo manual de contratación que permitía adjudicar obras directamente por hasta 10,000 salarios mínimos. A finales de 2023, ninguna de las 180 sedes programadas fue entregada a satisfacción.
Medidas y Resultados
La nueva directora de la EDU, Luz Ángela González Gómez, detectó retrasos en el 77% de las obras y un total de 29 contratos adjudicados directamente. Además, muchos contratos carecían de cláusulas penales, lo que dificultaba la reclamación por incumplimiento.
Para mitigar la crisis, se implementó un plan de contingencia que permitió finalizar 62 sedes y reducir los retrasos en un 42% hasta mayo pasado. También se habilitaron 845 espacios, incluyendo aulas, baños y restaurantes. La EDU inició 12 procesos de incumplimiento contra constructores responsables de 132 sedes y liberó $905 millones para nuevos contratos bajo un renovado manual de contratación.
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