La Corte Constitucional de Colombia ha iniciado una audiencia pública para analizar la legalidad del monopolio rentístico del aguardiente, una medida que permite a ciertos departamentos productores restringir la venta de otros aguardientes hasta por seis años.
Los magistrados evalúan la posible eliminación de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, los cuales facultan a los departamentos a tomar dichas decisiones bajo el argumento de proteger la producción local frente a una amenaza de daño grave.
La demanda ante la Corte ha sido impulsada por varios sectores que consideran que esta regulación va más allá de los límites constitucionales, afectando la libertad económica y la libre competencia. Entre los principales opositores se encuentran abogados, expertos en derecho económico y la Industria Licorera de Caldas, quienes sostienen que el monopolio del aguardiente restringe derechos fundamentales como la libertad de elección de los consumidores y la libre iniciativa privada.
Corte Constitucional evalúa fin del monopolio rentístico del aguardiente en Colombia
Al respecto, expertos explican que las cifras evidencian que los departamentos que aplicaron la salvaguarda establecida por la ley han registrado una reducción del 21% en sus ventas de aguardiente desde 2016. En contraste, los departamentos que no ejercen el monopolio rentístico o no aplicaron la salvaguarda experimentaron un incremento del 35% en sus ventas.
Estas cifras, según los demandantes, demuestran que el monopolio no sólo afecta la competencia, sino también la economía de las regiones que aplican la medida.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió el monopolio rentístico de licores, argumentando que se trata de una fuente importante de financiación para la salud, la educación y el deporte en el país.
El debate continúa en la Corte Constitucional y se espera que en las próximas semanas los magistrados emitan un fallo definitivo. De tumbarse los incisos del artículo 28 de la Ley 1816, los departamentos perderían la facultad de restringir la venta de aguardientes provenientes de otras regiones, lo que abriría el mercado y fortalecería la competencia entre marcas nacionales.
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