La Corte Constitucional de Colombia ha dirimido oficialmente el conflicto de jurisdicciones entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el sistema de Justicia y Paz, otorgando a esta última la competencia exclusiva sobre los procesos que involucran al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. La decisión fue notificada a través del auto 1319 de 2024, en el cual el alto tribunal resolvió el conflicto positivo de competencia generado entre ambas jurisdicciones.
En Sala Plena, el pasado 8 de agosto, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte decidió que los casos contra Mancuso deben permanecer en manos de Justicia y Paz, la jurisdicción que ha llevado los procesos de este exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante años.
La controversia surgió cuando la JEP aceptó a Mancuso como compareciente forzoso, argumentando que, aunque los exparamilitares no pueden acceder a dicha jurisdicción, Mancuso había actuado como un “sujeto bisagra” entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, dada su posición de mando y articulación entre ambas estructuras durante el conflicto armado. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que los crímenes cometidos por Mancuso entre 1989 y 2004, cuando se desmovilizó, deben ser juzgados exclusivamente bajo el marco de Justicia y Paz.
Corte Constitucional ratifica que la JEP no puede juzgar a Salvatore Mancuso
La Corte Constitucional argumentó que las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de Barranquilla y Bogotá habían propuesto el conflicto en momentos procesales clave para definir la situación de libertad de Mancuso.
Tras un exhaustivo análisis, la Corte determinó que Justicia y Paz tiene la competencia para investigar, juzgar y sancionar a los exparamilitares postulados por el Gobierno nacional, incluido Salvatore Mancuso, quien se desmovilizó tras el acuerdo de Santafé de Ralito.
El tribunal también destacó que la JEP no tiene facultades para juzgar exparamilitares, ya que el sistema de justicia transicional de la JEP está diseñado para los firmantes del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las FARC, miembros de la Fuerza Pública, terceros civiles y agentes del Estado, pero no para miembros de las Autodefensas.
Con esta decisión, Justicia y Paz retoma el control total sobre los casos de Mancuso, un paso importante en el proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos por los paramilitares durante el conflicto armado.
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