La Corte Constitucional de Colombia emitió el Auto 007 de 23 de enero de 2025, en el que declaró el incumplimiento del Gobierno en garantizar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó al Ministerio de Salud reajustar su valor para los años 2024 y 2025 en un plazo máximo de 10 días.
La UPC es el monto que se asigna a cada afiliado al sistema de salud y que se transfiere a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para la cobertura de sus servicios. La insuficiencia de este valor ha sido uno de los puntos de mayor controversia en la crisis del sistema de salud colombiano, afectando la sostenibilidad financiera de las EPS.
Reforma en la salud: Corte obliga a reajustar la UPC para garantizar suficiencia
En su decisión, la Corte Constitucional advirtió que el Ministerio de Salud no ha corregido las fallas estructurales en el sistema de información que impiden calcular una UPC adecuada. Entre las deficiencias identificadas se encuentran:
Falta de mecanismos para contrastar los datos reportados por las EPS con los cálculos oficiales.
Frecuencias de uso de los servicios de salud con registros poco confiables.
Información insuficiente y de baja calidad en ambos regímenes del sistema de salud.
Además, la Corte cuestionó la metodología actual utilizada para fijar la UPC y ordenó su actualización con nuevos criterios que incluyan la siniestralidad, la inflación, el rezago en el valor de la UPC y otros factores determinantes.
Esta determinación tiene repercusiones en la demanda presentada por la EPS Sanitas contra el Estado colombiano, en la que la compañía argumenta que la insuficiencia de la UPC fue una de las razones principales de su intervención.
El pasado 31 de diciembre, el Ministerio de Salud había fijado un aumento del 5,36 % en la UPC, estableciendo un valor de $1.521.489,60 por afiliado, cifra que el gremio de las EPS, representado por Acemi, consideró insuficiente.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, calificó la decisión de la Corte como un hito clave para restablecer el equilibrio financiero del sistema de salud.
El fallo ordena la creación de una mesa de trabajo con actores del sector salud para analizar el rezago en el valor de la UPC desde 2021 y determinar los reajustes correspondientes. También establece que el Ministerio de Hacienda deberá garantizar los recursos necesarios para cumplir con estos ajustes.
La Corte advirtió que el incumplimiento de estas órdenes podría generar nuevas sanciones y llamados de atención al Gobierno Nacional.
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