La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Instituto de Deportes de Medellín (Inder), durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra el direccionamiento de contratos por valor de 20 mil millones de pesos. Toro Zuleta fue acusada formalmente de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación se centra en contratos gestionados por el Inder a través de Metroparques entre agosto de 2020 y diciembre de 2022. Según la Fiscalía, Toro Zuleta, junto a otros funcionarios y contratistas, habría direccionado estos contratos de presupuesto participativo hacia la empresa Cyan Eventos y Logística, cuyo representante legal, Mauricio Jaramillo, ya había sido imputado en el caso.
El ente investigador sostiene que las reuniones entre los directivos de Metroparques, Inder y Cyan Eventos tenían como propósito el fraude en la asignación de contratos. Uno de los contratos más cuestionados alcanzó los 49 mil millones de pesos, y se cree que una parte importante de este monto fue desviada para beneficio de terceros.
Escándalo en el Inder: Exdirectora acusada de peculado por contratos de $20 mil millones
Además de Toro Zuleta, otros funcionarios y contratistas también han sido vinculados al caso, entre ellos Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, y María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefa de unidad de compras de la misma entidad.
La Fiscalía asegura que el esquema corrupto permitió desviar cerca de 2.800 millones de pesos a manos de particulares a través de empresas intermediarias como 1soluciones S.A.S, Estructuras Zafiro S.A.S, y JPINO S.A.S.
El caso forma parte de una investigación más amplia de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, que busca esclarecer la corrupción durante la administración de Quintero y sus presuntos vínculos con actos ilícitos en la contratación pública.
La investigación de la Fiscalía revela cómo el esquema no solo afectó los recursos públicos de la ciudad, sino que también subraya las debilidades en los mecanismos de control interno de las entidades estatales. Se espera que el proceso judicial continúe con más imputaciones y la búsqueda de la reparación del daño causado al erario.
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