El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha anunciado el cierre de la ‘vaca’ por Antioquia, un esfuerzo ciudadano para recaudar fondos destinados a la construcción del Túnel del Toyo. En una reciente entrevista con SEMANA, el gobernador expresó que, aunque la iniciativa no logró el recaudo esperado, ha sido un ejercicio de civismo significativo. Este artículo explora el contexto de esta decisión, los resultados de la colecta y las implicaciones para la infraestructura en Antioquia.
¿Qué era la ‘Vaca’ por Antioquia?
La ‘vaca’ por Antioquia fue lanzada como una respuesta a la supuesta falta de compromiso del Gobierno nacional en la financiación del Túnel del Toyo, una obra crucial que conectará Medellín con el Urabá. La Gobernación de Antioquia invitó a los ciudadanos a aportar recursos para ayudar a financiar esta importante carretera, lo que generó un gran interés y participación.
A pesar de la participación de 15,000 ciudadanos y la recaudación de aproximadamente 6,000 millones de pesos, el monto final fue inferior a la meta de 1 billón de pesos. El gobernador Rendón reconoció que “esto no salió bien” y que el recaudo no cumplió con las expectativas. Sin embargo, destacó que el ejercicio de solidaridad fue valioso, ya que ayudó a presionar al Gobierno nacional para que cumpliera con sus obligaciones en el proyecto.
Implicaciones para el Túnel del Toyo
El Túnel del Toyo representa una de las obras más icónicas de la ingeniería colombiana. Con el cierre de la ‘vaca’, la Gobernación de Antioquia deberá ajustar su presupuesto para incorporar los fondos recaudados y financiar algunas inversiones necesarias, como una galería de desviación en el túnel. Esto plantea la necesidad de “descobijar” otros sectores para cumplir con los compromisos financieros.
El gobernador Rendón ha mantenido una relación de insistencia con el Gobierno nacional para que se le otorguen los contratos necesarios para la construcción del Túnel del Toyo. A pesar de la oposición del presidente Gustavo Petro a la recolección de fondos, la Gobernación ha logrado asegurar parte del contrato que le corresponde al Estado. Se espera que, con la presión ciudadana, el Gobierno acepte una nueva propuesta para cederle al departamento la otra parte del contrato.
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