La Fiscalía General de la Nación imputó al coronel en retiro Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín, y a los contratistas Rubén Darío López Giraldo y Santiago Fernando Ortega Mateos por su presunta responsabilidad en un contrato firmado durante la vigencia de la ley de garantías electorales.
El contrato interadministrativo se suscribió entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús S.A. los días 28 y 29 de junio de 2023, por un valor de $15.053 millones.
Según el ente acusador, el proceso se llevó a cabo sin cumplir requisitos legales esenciales, como estudios técnicos, diagnósticos previos, diseños, informes de supervisión y publicación oportuna en SECOP II.
Fiscalía imputa a exfuncionarios de Medellín por contrato del Metroplús firmado en ley de garantías
La Fiscalía sostuvo que la contratación directa fue injustificada. La defensa alegó fallas en la plataforma, pero Colombia Compra Eficiente descartó caídas del sistema durante las fechas clave.
El trámite se finalizó el 29 de junio, día en que comenzó la restricción. Ese mismo día, se constituyó un comité interno de planeación, apenas tres horas antes del inicio de la ley de garantías.
La reunión se realizó de forma virtual a las 6:45 p. m. y en ella fueron designados Torres Ojeda, López Giraldo y Ortega Mateos como responsables técnicos, logísticos y jurídicos, respectivamente, aunque no habían participado previamente en el proceso.
La Fiscalía cuestionó la legalidad de este procedimiento exprés y señaló la supuesta intención de aparentar cumplimiento normativo con el caso del Metroplús.
Torres Ojeda firmó y supervisó el contrato, y avaló la resolución 2023-552-396, con la que se justificó la modalidad directa. López Giraldo aportó documentos clave, como la matriz de riesgos y un anexo esencial.
Ortega Mateos redactó otro anexo, revisó estudios previos y justificó jurídicamente la modalidad de selección. Su participación fue considerada determinante por la Fiscalía.
Durante la audiencia, se mencionó al exsecretario general de Metroplús, William Alberto Gómez Ramírez, pero no se le formularon cargos.
Ninguno de los tres procesados aceptó responsabilidad. El caso se enmarca en las investigaciones que avanzan sobre contratos firmados durante la administración de Daniel Quintero Calle.
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