El saliente director de la Dirección General de Inteligencia, Carlos Ramón González, se encuentra en el centro de la polémica luego de ser señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de ordenar la entrega de contratos y dinero en efectivo a congresistas durante su mandato como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
González, quien renunció a su cargo este viernes, ha negado categóricamente las acusaciones, declarando que su “inocencia es irrefutable”. Este funcionario, con una extensa trayectoria en la política colombiana, ha sido objeto de investigaciones detalladas por parte de medios como El Reporte Coronell y la Unidad Investigativa de El Tiempo.
De acuerdo con la información revelada, Carlos Ramón González posee un patrimonio bruto declarado que supera los 12.500 millones de pesos. Entre sus propiedades se incluyen una casa en un conjunto campestre, dos lotes, una oficina y cinco apartamentos, distribuidos entre Bucaramanga y Bogotá.
Los Millonarios Bienes de Carlos Ramón González en el Centro del Escándalo
Al ser cuestionado sobre su fortuna, González afirmó: “Ser exitoso en un Estado capitalista no es un pecado”, subrayando que su éxito siempre ha estado ligado a la política.
El Reporte Coronell detalló cómo Carlos Ramón González se apropió de la personería jurídica del movimiento AD M-19 tras su declive electoral en 1994, convirtiéndolo en una “fábrica de avales” que ha beneficiado a diversos políticos y familiares suyos. A lo largo de su carrera, González ha mantenido alianzas controvertidas, incluida una con el condenado parapolítico Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil.
En el reciente escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), González es uno de los principales implicados. La fiscal Andrea Muñoz, durante una audiencia judicial, afirmó que González, cuando era director del Dapre, ordenó pagos millonarios a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.
Según la Fiscalía, estos pagos eran parte de un esquema para desviar recursos de la UNGRD a cambio de votos favorables para la agenda legislativa del Gobierno Petro. Sin embargo, la Fiscalía continúa investigando la magnitud de su implicación y la de otros funcionarios en este complejo caso de corrupción.
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