El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una dura advertencia contra el Gobierno Nacional, asegurando que sus políticas están llevando al país por un camino fracasado.
Recientemente rechazó la resolución 377 de 2024 del Ministerio de Agricultura, argumentando que es una imposición centralista que busca cambiar el uso del suelo en el Suroeste sin respetar la autonomía territorial ni la realidad económica de la región.
“En Antioquia no queremos el socialismo porque ya sabemos que ese modelo fracasó. Ha traído escasez, ruina, corrupción y dictaduras. Ahora quieren imponernos decisiones desde Bogotá, sin consultarnos, sin respetar nuestra vocación agrícola y sin importar las consecuencias para miles de familias”, afirmó el mandatario.
Tensión en Antioquia: Gobernador Andrés Julián advierte sobre “imposición ideológica” del Gobierno Nacional
Rendón fue más allá y acusó al Gobierno de Gustavo Petro de despreciar la economía de mercado y de intentar un modelo que desconoce la libre empresa y la propiedad privada.
Según el gobernador, la resolución del Ministerio de Agricultura es un intento por debilitar sectores productivos tradicionales en nombre de una agenda ideológica.
Los alcaldes del Suroeste antioqueño se sumaron a las críticas. Juan Pablo Pérez, alcalde de Támesis, señaló que esta resolución “refleja el afán del Gobierno de imponer su visión sin diálogo y sin considerar la realidad de los territorios”.
Para el gobernador, la medida es una muestra más de cómo el Gobierno Nacional pretende ejercer un control absoluto sin importar los efectos negativos sobre la población. “Este modelo centralista y arbitrario es una copia de lo que ha destruido economías enteras en otros países. No podemos permitir que Antioquia sea víctima de un experimento fallido”, sentenció Rendón.
El mandatario antioqueño insistió en que el Suroeste no está solo y que el departamento seguirá defendiendo su autonomía. “Aquí no hay espacio para proyectos fracasados. Antioquia sabe trabajar, producir y salir adelante sin imposiciones desde un escritorio en Bogotá”, concluyó.
Desde la Gobernación se ha pedido la suspensión inmediata de la resolución y se ha advertido que acudirán a instancias legales si el Gobierno insiste en imponerla.
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