Las autoridades colombianas continúan avanzando en la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado cabecilla de una red de contrabando y corrupción. En la mañana de este jueves, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Dijin y la Procuraduría General, realizaron un allanamiento en una mansión de su propiedad ubicada en el sector de Guaymaral, al norte de Bogotá.
El operativo tiene como objetivo recolectar evidencia clave sobre las operaciones ilegales de Marín Buitrago, quien actualmente permanece detenido en Portugal a la espera de su proceso de extradición.
La finca, situada en un área estratégica cerca del aeropuerto regional de Guaymaral y una base de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, habría sido utilizada para encuentros con funcionarios y empresarios presuntamente implicados en el esquema de corrupción.
Operativo en Bogotá: Fiscalía inspecciona propiedad de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”
Diego Marín Buitrago es considerado uno de los mayores contrabandistas de Colombia y ha sido vinculado a una red que presuntamente infiltró a más de 100 agentes de la Policía Nacional, facilitando el ingreso de mercancía ilegal al país.
Entre las pruebas recolectadas hay audios y videos que comprometen a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes habrían recibido millonarios sobornos.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la supuesta intención de Marín Buitrago de financiar ilegalmente campañas políticas en Colombia. En los últimos días, el asesor catalán Xavier Vendrell, vinculado al presidente Gustavo Petro, admitió que recibió dinero de “Papá Pitufo” para la campaña presidencial, aunque aseguró que posteriormente lo devolvió.
Mientras en Colombia avanzan las investigaciones, la extradición de Marín Buitrago sigue en trámite. Aunque un tribunal portugués ya aprobó su entrega a las autoridades colombianas, el contrabandista ha solicitado asilo político en ese país, lo que podría retrasar su traslado entre 60 y 90 días, según confirmó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
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