La magistrada Alba Lucía Velásquez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrenta cuestionamientos tras revelarse que participó como testigo electoral del Pacto Histórico durante las elecciones legislativas de marzo de 2022. Este hecho, sumado a un pago recibido en ese contexto, ha generado debate sobre su imparcialidad en las decisiones relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Antecedentes del caso
Según documentos entregados por la empresa Matrix al CNE, Velásquez recibió un giro por valor de 480,000 pesos el 8 de abril de 2022. El pago, realizado por Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico y actual ministro de Salud, habría sido un reconocimiento por su rol como “apoyo electoral en los escrutinios”.
Velásquez ha negado haber actuado como testigo electoral, argumentando que su participación fue limitada a actividades de apoyo posterior a las elecciones, como los escrutinios. Asegura que el pago recibido cubrió gastos de transporte y que no estuvo contratada formalmente ni vinculada económicamente al partido.
Implicaciones éticas y legales
El caso ha planteado preguntas sobre la ética de su rol en el CNE. Aunque técnicamente no está obligada a declararse impedida en las investigaciones por presunta financiación irregular de la campaña de Petro, algunos expertos señalan que debió informar a sus colegas sobre su participación en el proceso electoral del Pacto Histórico.
La magistrada ha tomado decisiones clave en el tribunal, como votar en contra del pliego de cargos contra la campaña presidencial de Petro y sus directivos. Este hecho aumenta las suspicacias en torno a su imparcialidad.
Por otro lado, el vínculo entre la campaña presidencial de Petro y la del Congreso del Pacto Histórico ha sido objeto de múltiples investigaciones. Desde el uso de un avión privado no reportado como gasto de campaña hasta posibles irregularidades en la financiación, ambos procesos están entrelazados, lo que añade peso al debate sobre la posición de Velásquez.
La defensa de la magistrada
Velásquez ha sostenido que su papel en los escrutinios fue puntual y que no representa un conflicto con su actual cargo en el CNE. En una declaración reciente, explicó que su trayectoria incluye roles similares en campañas anteriores y que el pago recibido no constituye un vínculo contractual ni remuneración directa por actividades políticas.
“La actividad fue voluntaria y limitada a los días posteriores a las elecciones, lo que no afecta mi capacidad de actuar de manera independiente en el CNE”, afirmó la magistrada.
Reacciones y próximos pasos
El caso de Alba Lucía Velásquez ha generado división en el ámbito político y judicial. Mientras algunos consideran que su participación previa compromete la legitimidad de sus decisiones, otros defienden que no existe un impedimento legal para que continúe desempeñando su función.
El Consejo Nacional Electoral enfrenta ahora el desafío de abordar estas acusaciones y garantizar la transparencia en los procesos relacionados con la campaña presidencial del Pacto Histórico.
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